Por Sofanor Novillo Corvalàn

La etapa històrica que va entre 1880 a 1916, es conocida como la generaciòn del 80. Fue  el perìodo en que la Argentina consolidò su situaciòn jurìdico-constitucional, construyò un estado moderno y eficiente, y desarrollò una sociedad abierta y pluralista. Creò ademàs, las condiciones para el crecimiento y el afianzamiento de una sòlida clase media, en el marco de un proceso de movilidad social ascendente, del que no habìa casi precedentes en el mundo.

El progreso social, econòmico, cultural y educativo fue de tal magnitud que muy rapidamente Argentina fue ubicada por los mas agudos observadores de la època como entre las diez naciones màs desarrolladas del mundo.

En la Argentina de 1880-1912 regìa la Constituciòn, pero no la democracia. Para instaurarla y para posibilitar su vigencia se sancionò la ley que estableciò el voto secreto, obligatorio y universal para todos los ciudadanos mayores de 18 años.

Esta norma es històricamente conocida como la ley Saenz Peña, pues èste fue el inspirador y ejecutor casi exclusivo de este trascendente instrumento legal de desarrollo cìvico.

Roque Saenz Peña, desde la presidencia de la Naciòn que ejerciò desde 1910 hasta su muerte en 1914, se podrìa decir, casi sin exagerar, que se abocò por completo en primer lugar a la creaciòn de un clima favorable a una profunda reforma de las leyes electorales, y despuès, a procurar la aprobaciòn, promulgaciòn y una adecuada y genuina aplicaciòn de la misma. De esta manera, Saenz Peña, antes de morir, cerrò con un broche de oro esta trascendental etapa històrica. Curiosamente quien la iniciara, Julio A. Roca, falleciò el mismo año de quien virtualmente la concluyera, 1914.

La ley electoral y su discusiòn

Los observadores y analistas de la època no comparaban a la Argentina con los demàs paìses de Latinoamèrica, sino màs bien con los màs desarrollados del mundo. Comprobar que Argentina estuvo a la altura de los tiempos es tarea sencilla. El sufragio universal masculino se estableciò en Australia en 1903, en Austria en 1907, Bèlgica 1919, Canadà 1920, Dinamarca 1918, España 1907, Finlandia 1906, Francia 1848, Gran Bretaña 1918, Irlanda 1922, Islandia 1915, Italia 1918, Japòn 1925, Noruega 1897, Nueva Zelanda 1889, Holanda 1917, Portugal 1911, Suecia 1921 y Suiza 1879. Como se puede advertir con nitidez, Argentina no desentonaba dentro del lote de los paìses mas adelantados. Se puede asimismo afirmar sin ningun genero de duda que las crìticas a esa etapa que se le hacen desde distintos àmbitos ideologicos y/o partidarios, distantes del pensamiento conservador-liberal, son para decir lo menos exagerados o ignorantes de la situaciòn internacional.

La ley Saenz Peña fue sancionada en el tiempo social que correspondìa. Hacerlo antes hubiera sido un anacronismo utopico e inaplicable como lo grafica el caso de Venezuela, donde el regimen de sufragio universal masculino fue establecido en 1864, aunque este pudo tener una vigencia efectiva recien a mediados del siglo XX. La Argentina, entonces, con este fundamental instrumento cìvico inauguraba una nueva etapa institucional, que guardaba correspondencia con los indicadores de alfabetizaciòn, urbanizacion, industrializacion, movilidad y participacion social y cultural, indispensables para que el voto universal sea algo mas que una quimera.

El proyecto de ley que el presidente Roque Saenz Peña envio al Congreso de la Nacion, estaba basado principalmente en la ley española de 1907, impulsada por el reformista liberal Antonio Maura.

La adopcion del modelo hispano fue responsabilidad de quien en esta crucial etapa se desempeño como Ministro del Interior. Fue el talentoso e infatigable jurista salteño, Indalecio Gomez, el encargado de instrumentar las aspiraciones de Saenz Peña.

Este notable estadista encargo a su vez al portugues, luego nacionalizado argentino, Julio Navarro Monzo, la redaccion material del proyecto.

Este brillante equipo, vio con claridad que previo a la reforma electoral misma se debia disponer de un nuevo y saneado padron electoral. Esto era indispensable para que aquella pudiera tener vigencia efectiva. Para lograr esto el Presidente Saenz Peña envio al Congreso el pertinente proyecto de ley que fue aprobado el 26 de diciembre de 1910. La idea de Saenz Peña y de su Ministro del Interior, era que el padron estuviera confeccionado de un modo que fuera inviolable a cualquier manipulacion politica. Para ello la ley disponia que se tomara como base el Registro de Enrolamiento que existia en el Ministerio de Guerra desde la sancion de la ley de conscripcion obligatoria (1901).

Por su parte, lo nuclear de la reforma electoral se focalizaba en el establecimiento del sufragio universal obligatorio y secreto para todos los ciudadanos mayores de 18 años.

Aqui cabe hacer notar que la ley no establecio ninguna clase de distincion entre alfabetos y analfabetos. Y finalmente el sistema electoral a aplicarse seria el de la lista incompleta o el de el “tercio”; es decir, la mayorìa dispondrìa de los dos tercios de las bancas en juego, mientras que la minorìa el tercio restante.

Antes de la discusiòn parlamentaria, hubo un intenso debate entre los mas encumbrados pensadores, intelectuales  y especialistas del paìs. Los opositores a la reforma electoral fueron la excepciòn. Un ejemplo de ello fue el cuestionario  que el diario “La Nacion” envio e invitò a contestar a un nutrido grupo de académicos de distintas proveniencias políticas. Los consultados fueron: Ricardo Rojas, Rodolfo Rivarola, Osvaldo Magnasco, Emilio Grouchon, Carlos Salas, Luis Varela, Carlos Octavio Bunge, Juan Agustin García, M. Gorostiaga, Alfredo Palacios, Santiago O’Farrell, Adolfo Saldìas, Benito Llerena, Jesús H. Paz, Juan B. Justo, Carlos Rodrìguez Larreta, Octavio S. Pico, David Torino, Norberto Piñero, Carlos Urien, Arturo Reynal O’Connor, Enrique Garcìa Merou, Vicente Gallo, José Nicolàs Matienzo, Enrique de Vedia, Hilario Larguía, Leopoldo Melo y Carlos Becú.

De la sola lectura de los nombres surge que estaba virtualmente todo el espectro ideológico de la Buenos Aires de esa época. Pues bien, de todos los consultados, solo uno, Carlos Becú, escribiò sobre la falacia del sufragio universal. En sus fundamentos Becú hacía una burda apología del voto calificado. Curiosamente y no obstante su férrea y solitaria oposiciòn a la proyectada ley, Carlos Becú se afilió después al Partido Radical llegando a ser incluso Canciller del gobierno de Hipólito Irigoyen.

La discusión del proyecto de ley en el ámbito parlamentario tuvo también la característica de ser casi unánime. Las objeciones estuvieron centradas más bien en el tipo de sistema electoral elegido; el de la lista incompleta y lo referido a la obligatoriedad del voto. En favor del proyecto del Poder Ejecutivo fueron voceros los legisladores Fonrouge y Ayarragaray, quienes no obstante haber sido partidarios del sistema por circunscripción y uninominal, aceptaron las sesudas explicaciones dadas en el recinto por el Ministro del Interior, Indalecio Gómez. Despuès hicieron uso de la palabra Ramón J. Cárcano, Peña, de Anchorena, Olmedo quienes también habían sido partidarios del sistema uni-nominal, aunque expresaron después su conformidad con el sistema del tercio atento a las circunstancias institucionales que atravesaba el país. La nòmina de los que defendieron el proyecto del Poder Ejecutivo se cerró con el discurso del legislador Olaechea y Alcorta.

Entre quienes se opusieron al sistema electoral elegido, pero no a lo fundamental de la norma, estuvieron los diputados Avellaneda, Ferrer, Echague, Julio Roca (h), Varela, Calvo, Carlés, Lacase, Costa y Montes de Oca. En el Senado, quizás el único que demostró descreimiento en la ley fue el senador Villanueva.

En definitiva, la votación en particular sobre la obligatoriedad del voto dió como resultado 40 votos a favor y 26 en contra. Por su parte el sistema de lista incompleta contò con 10 votos a favor y 9 en contra. Como se puede advertir, las cuestiones controversiales de 1911 , son las mismas que un siglo después se siguen discutiendo. Esto es si es mas conveniente la obligatoriedad que la opcionalidad del sufragio; si la representaciòn proporcional muy vinculada a la vulgarmente denominada “lista sábana” o el sistema por circunscripción y uninominal.

Como quiera que sea en las elecciones de 1914 votó el 63% de los empadronados en contraste con el 5% de la elección anterior. Las ideas de Sáenz Peña para acabar con el abstencionismo habían triunfado. “Quiera el pueblo votar” expresó en su mensaje de elevación del proyecto de reforma electoral al Congreso.

Con la sanción de la ley, Roque Saenz Peña,  pudo promulgar el 10 de febrero de 1912 la ley 8871 (Regimen Electoral). Culminaba así un largo proceso, que comenzòn con el discurso-programa de Sáenz Peña como candidato a presidente y los continuó después en sus mensajes de inauguración de los cuatro períodos legislativos, en los que el “leit-motiv” fue la reforma electoral. Sáenz Peña tenía muy en claro que con esa ley el país iniciaba una nueva etapa. Estaba convencido que en el nuevo período seguramente iban a producirse las lógicas alternancias en el poder, propias de la democracia. En su ùltimo discurso llegó más que a afirmar a profetizar lo que con el tiempo la historia le daría la razón: “si las fuerzas conservadoras del país no aciertan a constituirse con vigores que les den la mayoría, será porque no deben prevalecer”.

Roque Saénz Peña murió el 9 de agosto de 1914. No llegó pues a ser testigo del triunfo de Yrigoyen en 1916. Pero sí alcanzó a presenciar, más no a injerirse, en las elecciones de 1912 y 13 en la Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, Mendoza y Tucumán, donde triunfaron o fueron derrotados conservadores, radicales y socialistas.

El sueño de Sáenz Peña comenzaba a ser una realidad, pero después de su muerte y con el triunfo de Hipólito Yrigoyen, el país empezó a vivir una dramática frustración.

Las primeras elecciones bajo la ley Sáenz Peña

Como lo deseaba Sáenz Peña. con la puesta en vigencia de la ley, el pueblo comenzò a votar masivamente, rompiendo con la abstención intransigente y golpista del radicalismo. Como se demostró antes, Argentina tuvo una legislación electoral moderna y progresista, por la misma época en que los países mas avanzados se daban la propia. Argentina durante este período supo estar a la altura de los tiempos. Quienes no lo estuvieron,   es el partido radical que se  diferenció del rol de  la oposicion que en  otros países  practicaban la alternancia mientras  que estos intentaban llegar al poder no por la vía electoral sino por el de las armas y el de la revolución.

Sáenz Peña les quitó ese pretexto, pero como la historia lo demuestra eso no les bastó. Querían todo el poder. No aceptaban las minorías. No toleraban al adversario. Por eso cuando finalmente arribaron al poder, usaron de las intervenciones federales para eliminar a los partidos opositores y si las disidencias provenían del propio partido se llegaba al asesinato de sus lìderes como ocurrió, por ejemplo, en Mendoza. Con el paso de los años y en el segundo mandato de Hipólito Yrigoyen fueron derrocados del poder en 1930 a manos de un general que siendo subteniente estuvo al lado de Leandro N. Alem en la revolución de 1890.

La ley Sáenz Peña en Córdoba y la insólita actitud del partido radical

En Córdoba, y ya bajo el imperio de la nueva ley electoral, se convocó a elecciones para el 12 de noviembre de 1912. El radicalismo presentó la fórmula Amenábar-Vaca Narvaja, mientras que el conservadurismo liberal a Ramón J. Cárcano-F. Garzón Maceda. El partido radical usó todos los medios legítimos e ilegítimos para imponerse.

El candidato liberal Ramón J. Cárcano relata así esta experiencia: “La contienda adquiere las formas más violentas. Nunca las malas pasiones tuvieron tanto relieve… en la estación Laspiur me dispararon un revólver a pocos metros; en la ventana de la habitación donde resido en casa del Dr. Rueda, se descubre una bomba con carga de dinamita; en “Ana María” (su estancia cercana a Villa María) hacen fuego sobre el coche que yo mismo dirijo; en Bell Ville dispararon sobre una manifestación pública que yo encabezaba, hiriendo a varios amigos; en Arroyito descarrilan el tren que me conduce; recibo muchos anónimos de muerte y muchos vienen de Buenos Aires; la Policía de Córdoba y de Buenos Aires recibe la misma denuncia. La campaña política se convierte en una explosión de odios y difamación”. Lo que relata Cárcano es solo una mínima expresión de lo que en realidad ocurrió. Lo que el radicalismo buscaba era crear en Córdoba un clima de caos que justificara la intervención federal, con la esperanza de poner a un comisionado federal amigo, pero Sáenz Peña no se dejó amedrentar por Yrigoyen.

Las elecciones finalmente se realizaron y la votación fue reñida. La fórmula que encabezaba Cárcano obtuvo 36.603 votos contra 36.427 del partido radical.

La diferencia como se advierte fue mínima pero el triunfo de Cárcano era inobjetable. Se convocó entonces al Colegio Electoral para que eligiera formalmente gobernador y vice. Los radicales se resistieron a concurrir, con los pretextos de siempre, incluso sostuvieron que el colegio mismo no podía funcionar por carecer del quórum constitucional necesario.

En rigor, se necesitaban dos tercios de los electores para que el colegio pudiera funcionar y de acuerdo a la explicacion que da el propio Cárcano, la situación era la siguiente: “Los electores eran 57 y dos tercios exactos serían 42 y 3/4. Los radicales consideran que las personas son divisibles y no admiten que  se sacrifique la fracción. Consultado el Dr. Pablo Cotenot, profesor de Matemática de la Universidad de Córdoba, responde:

“A mi modo de ver la confusión en la cual caen los que sostienen que el quórum legal es 43 proviene de que calculan las 3/4 partes de 57 electores como calcularían las 3/4 partes de 57 metros de género o de 57 kilos de azúcar”. “La conclusión del matemático es terminante: la 1/4 parte de 57 electores es 14 electores y las 3/4 partes es 42 y no 42 electores con 75 centésimos de elector”.

El lector ya puede suponer con toda seguridad que la hilarante teoría  de la divisibilidad de los electores la sostenía el radicalismo y no los electores de Cárcano.

Lo cierto es que el quórum del Colegio Electoral de Córdoba se convirtió en el tema de la República. Después de conocerse la opinión de numerosos profesores, magistrados, intelectuales, hombres del foro, la Asamblea se reúne estableciendo que el quórum legal es de 42 electores y procede a elegir a Cárcano y Garzón Maceda, gobernador y vice de la Provincia, quienes resultan electos por 37 votos contra 5, sobre 42 miembros presentes y un total de 57 que constituían el Colegio Electoral de la Provincia.

En resumen, no fue un buen comienzo el que tuvo la ley Sáenz Peña en las provincias donde se la empezó a aplicar. La UCR no había entendido ni comprendido el sentido último de la ley Sáenz Peña. Lamentablemente para la democracia argentina este concepto falaz y autoritario retardó la vigencia de una democracia genuina, abierta, pluralista y moderna por varias décadas. Recién en 1983 y después de haber pasado por la trágica década de los 70, el pueblo argentino, sus partidos y sus dirigentes  pudieron en un marco de tolerancia mutua y convivencia cívica construir una democracia, que con sus más y con sus menos, es la más lograda de todas las que registra nuestra historia.