Por Sofanor Novillo Corvalán

No obstante los años transcurridos, seguimos polemizando acerca del trágico período que va desde 1970 a  a 1983. Aunque lo seguimos haciendo desde una perspectiva ideológica. Es como si nos resistiéramos a dejar las trincheras. Pareciera que no hubiera lugar para el debate sereno y desapasionado. Los motivos se pueden comprender. Pero de ninguna manera justificar. La necesidad de un análisis objetivo es lo que nos permitirá contestar  no sólo al genérico interrogante acerca de qué nos pasó a los argentinos, sino algunas cuestiones más específicas, a saber,  cuál es la real percepción de los argentinos  ante la muerte y la violencia. O en otros términos ¿somos  o fuimos  los argentinos violentos?

Creo que los datos disponibles y lo que surge de la historia nos permite afirmar que siempre hubo un componente autoritario en la personalidad de los argentinos,  pero pareciera que éste se manifestó  con escasa intensidad durante períodos en que el sistema socioeconómico imperante tendía a satisfacer las expectativas de la sociedad. Mientras que la etapa en que la performance  del sistema falló, los argentinos conocimos la violencia, el terror e incluso la experiencia traumática de la guerra.

La hipótesis es que la frustración social producida por la ineficiencia de una organización socioeconómica estatista y populista para alcanzar metas deseadas por la sociedad, activó una latente subcultura de la violencia que llegó a extremos insospechados. Se manifestó principalmente en los sectores medios y medios altos de la sociedad argentina. Incluso en algunas provincias este fenómeno impactó en las clases altas que ya por esa época comenzaban a entrar en eclipse, como lo demostrara con rotunda claridad el sociólogo Juan Carlos Agulla. No fue una casualidad entonces que el origen social de la mayoría de la dirigencia y cuadros medios de las organizaciones guerilleras fueran de esa extracción social. En esto  la guerrilla argentina, en alguna medida, al igual  que la uruguaya tuvieron esa característica curiosa, que no se manifestó en otros procesos de latinoamérica. Por  supuesto que hubo otros factores condicionantes como fueron el clima de exaltación que vivieron  las universidades de casi todo occidente, aunque nunca llegaran los estudiantes de los países desarrollados a crear organizaciones guerrilleras al estilo de las que se padeció en la Argentina. Bandas terroristas como las que sufrió Alemania fueron de vida efímeras. Otro factor explicativo que para muchos fue determinante es la actitud del regimen castrista, apoyado por la en ese entonces existente Unión Soviética, de preparar y financiar movimientos subversivos en toda latinoamérica.

Como quiera que sea ,la hipótesis de la  que partimos es que en la  Argentina  la violencia política masiva apareció  c uando la eficiencia del sistema político, social y económico de signo liberal fue progresivamente sustituído por  otro de signo contrario, cuyos efectos no solo no fueron neutros sino que produjeron el desplome del crecimiento, y correlativo a ello,  la frustración social generalizada.

Podríamos distinguir así, dos grandes etapas:                                                                 – la que va de 1880 a 1943  en que los impactantes y sostenidos indicadores del progreso social, quizá expliquen el comportamiento no violento, interno y externo de los argentinos (los episodios trágicos de violencia política de 1890 y la llamada “Patagonia trágica” y “Semana trágica” son atribuibles no a la eficiencia del sistema sino mas bien a los exabruptos populistas que caracterizaron al movimiento radical irigoyenista)                                                      -una situación inversa se observa desde entonces a hoy,  y es sobre este período que concentraremos nuestra atención. Se podría entonces formular la hipótesis  de que mediados los años 60, los argentinos comenzamos a percibir -con distintos niveles de conciencia- que el modelo vigente estaba fracasando. El sociólogo Gino Germani observaba  por esos años que la movilidad social  ascendente en la Argentina se había detenido. Una década antes de que eso ocurriera ya se habían producido señales inquietantes. El esquema socioeconómico y político en vigor, mostraba severas grietas. Posiblemente, un reflejo de ello fue la violencia de junio y septiembre del 55 y junio del 56.  A partir del derrocamiento del presidente Illia en 1966 (quién llegó al poder con la proscripción del peronismo), los sucesos comenzaron a transcurrir a un ritmo vertiginoso.                                                                             Estado de derecho versus cultura de la muerte

El anunciado golpe de Estado militar de 1966 no sobresaltó a los argentinos. Puede haber sorprendido, sí, la disolución de los partidos políticos pues este hecho no tenía  antecedentes en la historia.  Pero sí con las ideas cuasi fascistas que predominaban en el gobierno del general Onganía. La intervención a las universidades acentuó un enrarecido  clima de opresión. Todos los canales de expresión de inquietudes fueron suprimidos.  El cordobazo que sacudió el país fue el corolario inevitable de esta situación.  El secuestro y muerte de Aramburu hizo suponer a todos que algo grave se estaba gestando y en julio de 1970 el pulso de la Argentina se paralizó: ¡Lo – que – en – la Argentina – no – podía – pasar -jamás, ocurrió! La guerrilla urbana hizo aparición en el país.  Pareciera que esto sucedió hace mucho. Pero han pasado solo  cuatro décadas y fue aquí, muy cerca de donde vivo, en La Calera – casi un barrio de Córdoba – donde comenzó a manifestarse en toda su magnitud la Argentina violenta. Luego  la escalada de muertes, secuestros, bombas de destrucción masivas, ataques a cuarteles y comisarías, torturas, secuestros extorsivos de empresarios argentinos y extranjeros , robos, atentados, la guerra rural en Tucumán, el involucramiento por decisión del Poder Ejecutivo de las Fuerzas Armadas con el fin de aniquilar las organizaciones guerrilleras , las “tres A”,  la represión, la quiebra del Estado de derecho, los excesos, el golpe de Estado de 1976 y,finalmente,  la derrota de la guerrilla.

Respecto de ello considero prioritario analizar cual fue la actitud del Estado como institución que monopoliza el uso legítimo de la fuerza, frente a la violencia generalizada.                                                                                                                 Podríamos distinguir cuatro etapas:                                                                             Primera:  va desde los hechos de La Calera hasta la ley de amnistía (mayo de 1973),  en que el aparato de seguridad se movió en líneas generales  dentro del marco jurídico. Hubo excepciones. La más notoria, el asesinato de militantes guerrilleros en una base militar de Trelew (agosto de 1972). Si el país se sacudió frente a este hecho fue precisamente porque no eran acciones frecuentes las de esta índole. La legislación procesal sancionada para delitos políticos demostró ser eficaz. Al momento de la anmistía era muy importante la cantidad de dirigentes y militantes de organizaciones guerrilleras que fueron liberados. Durante esta etapa el Estado aplicó el derecho y sus resultados fueron positivos.

 Segunda: comenzó en el mismo momento de la apertura de cárceles, coincidente con el acceso de Cámpora al gobierno. El Estado creyó que era posible asimilar los sectores armados, o al menos supuso que, o bien los podría mantener bajo control, o bien – atento al carácter democrático del gobierno electo – depondrían su actitud violenta. Como es sabido nada de eso ocurrió. En esta etapa se llegó incluso a firmar acuerdos entre el estado y organizaciones guerrilleras como fue por ejemplo el “Operativo Dorrego”.

Tercera : a su nacimiento hay que buscarlo en el episodio de la Plaza de Mayo cuando siendo ya Perón presidente, expulsó al sector más beligerante de su movimiento (junio de 1974). A partir de ahí el Esado comenzó a usar mecanismos no previstos por el orden jurídico. Nació de esta manera la violencia paraestatal, apartando a nuestro país del Estado de derecho. La muerte violenta, por razones políticas , se convirtió en un hecho cotidiano.

Cuarta: Todas estas circunstancias  junto a otras relacionadas con la dramática situación social y económica, determinaron los episodios del 24 de marzo del 76 que marcó el punto de partida de una acción estatal que, prescindiendo de un modo casi sistemático de las normas legales vigentes, se propuso el exterminio de aquellos sectores políticos que disputaban al Estado el monopolio del ejercicio de la violencia . El resultado fue que para 1978 los grupos guerrilleros habían sido destruídos.

Cabe preguntarse por los efectos que sobre los argentinos produjo este período del 70 al 78. Dentro de un clima de frustración nacional como se ha dicho, si bien en una primera etapa la muerte y la violencia sorprendían y horrorizaban, sobrevino, después, el acostumbramiento. Leer las crónicas periodísticas que daban cuenta de los atentados, muertes y secuestros, comenzó a formar parte de la rutina cotidiana. El argentino medio se habituó a todo esto. La muerte violenta pasó a ser parte del clima social de nuestro país en esa etapa.

Ahora bien, si para los argentinos la convivencia cotidiana con la violencia y la muerte terminó como se dijo por 1978 esa circunstancia no agotó el potencial de violencia latente en nosotros y lo comenzó a manifestar hacia otros países.

Una cuestión que antes hubiera carecido de relevancia, conmovió al país: tres remotas islas del sur. Un laudo arbitral al que nos sometimos voluntariamente se las otorgó a Chile. No lo aceptamos. Ibamos a la guerra. La mediación papal lo evitó. Poco después, el gobierno de facto, apoyado en una pasión que de niño se nos inculca por las islas irredentas, lanzó la invasión a las Malvinas. En el marco de un pueblo alborozado  y entusiasta solo hubo excepcionales voces discordantes. Una muchedumbre policlasista y multipartidaria expresó en Plaza de Mayo su adhesión incondicional a la aventura bélica. Toda la dirigencia política,excluídos Rogelio Frigerio y Alvaro Alsogaray ,dieron su apoyo. Inglaterra y sus aliados se pusieron en movimiento. A los argentinos parecía que no nos importaba , nos sentíamos triunfantes  e invulnerables. Después de la rendición asumimos rápidamente  la realidad. Esos hechos sirvieron para que se produjera en nosotros una especie de catarsis colectiva.

El advenimiento de la democracia en diciembre de 1983 nos permitió,  a los argentinos, encontrar los valores de la tolerancia, el respeto mutuo y la convivencia pacífica. Comenzó un tiempo político durante el cual no se manifestó ninguno de los clásicos vicios que deslegitimaron los anteriores períodos constitucionales de gobierno: proscripciones, fraudes, intervenciones federales, avasallamiento de las minorías, etcétera.

Los valores que nos faltaron por completo, hacia 1985, se comenzaron a internalizar. Por ese entonces, a través de la consulta sobre el problema del Beagle los argentinos expresamos nuestra preferencia por la paz.Este brillante episodio unido al enjuiciamiento a las juntas militares son verdaderos hitos históricos, sobre los cuales en Argentina se comenzó a gestar una cultura más conciliable con la paz,externa e interna y con la democracia ,a través de un claro repudio a los golpes de estado,cualquiera sea su signo.                                                                                                                        Comenzó así un segundo tramo en el que nos preocupamos por la consecución de metas más relacionadas con el bienestar económico  y una mejora en la calidad de vida.Lamentablente el período que culminó con la hiperinflación de julio del 89 y la renuncia del presidente Alfonsín, reflejó lo distante que se encontraban  esas metas. La frustración del pueblo renació con toda intensidad y con ella la violencia.

Antes de que se produjeran los asaltos a negocios y supermercados en Rosario, en algunas poblaciones del Gran Buenos Aires y otros puntos del país, habían aparecido signos por demás inquietantes. Un pesado ambiente de inseguridad personal se evidenciaba en todos los ámbitos de la sociedad. El porcentaje de delitos que implicaba el uso de la violencia había aumentado. Y después lo más grave: la justificación pública y popular de aquellos individuos que decidieron hacer justicia por mano propia. Se palpaba y se palpa en el ambiente la legitimación de estos comportamientos que significan en los hechos la instauración de primitivas formas de administración de justicia. En ese marco de desasosiego generalizado, la propuesta del Presidente  Menen de establecer la pena de muerte  (rapidamente abortada) encontró ambiente propicio. Al renacer las causas de frustración social, pareciera que rápidamente los argentinos tendemos a recaer en pautas de comportamiento que dan prioridad al uso de la fuerza antes que a la aplicación del derecho. Y por extraño que pudiera parecer, estas conductas han sido públicamente legitimadas desde distintos ámbitos de la dirigencia nacional y de un modo explícito o implícito por los propios poderes  (incluído el Poder judicial) del Estado Nacional y de los Estados provinciales. La situación institucional de la República Argentina hoy es muy grave. Formular una  predicción sobre su devenir sería una irresponsabilidad intelectual. Ante ello, me limitaré a cumplir sólo con el proverbio oriental que aconseja ” no hacer nunca profecías y menos si se refieren al futuro”.